Una Iniciativa al servicio de las mayorías sociales de nuestro país frente a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias

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El pasado 14 de marzo el Gobierno español declaró el Estado de Alarma a consecuencia de la crisis del COVID-19. Esto ha llevado a la clase trabajadora a un confinamiento domiciliario que va alargándose en periodos de dos semanas. Al hilo de las consecuencias que el mismo vaya a tener sobre el tejido productivo, se ha suscitado la polémica entre el derecho a la salud de los/as trabajadores/as y las necesidades del citado tejido productivo.

Al inicio de la crisis el confinamiento no ha sido absoluto, de forma que se ha puesto en peligro la salud de amplias capas de trabajadoras y trabajadores que, no desarrollando su actividad profesional en sectores esenciales, han tenido que seguir trabajando en ausencia total de medidas de prevención del contagio, con el consecuente riesgo para su salud y la de sus contextos familiares y comunitarios.

Además, aquellos sectores más vulnerables (trabajadoras y trabajadores de pequeñas empresas del ámbito privado, trabajadoras de sectores feminizados, trabajadores y trabajadoras en precario, trabajadoras y trabajadores autónomos entre otros) no han podido priorizar el derecho a la salud, mientras la movilización sindical en defensa de la salud a duras penas ha podido cubrir en aquellas áreas de actividad más protegidas, y con más derechos (en los sectores no estratégicos).

Desde el 28 de marzo se ha endurecido la cuarentena, obligando a los trabajadores y trabajadoras de servicios no esenciales a permanecer en casa. Sin duda, esta medida y a pesar de que los límites entre servicios esenciales y no esenciales han sido vulnerados por excepciones constantes,  ha permitido una contención relativa del contagio, que sin embargo ha supuesto una situación económicamente insostenible para la clase trabajadora.

A pesar de toda la evidencia científica acumulada, de la opinión de personas expertas en epidemiología y de los informes de modelos predictivos informáticos, lo cierto es que no está claro cómo va a evolucionar la pandemia. Sin embargo, la voracidad de patronal y banca, la precaria situación de grandes capas trabajadoras, cuando no de toda la clase obrera que dispone como único o principal sustento para sobrevivir de su fuerza trabajo, la imperiosa necesidad material de productos que tiene cualquier sociedad, y las propias palabras del Gobierno español, nos llevan a pensar que en las siguientes días o semanas se va a producir una nueva vuelta, primero escalonada y luego masiva al trabajo. Todo ello mientras las necesidades en material y recursos preventivos, sanitarios y médicos se van a seguir disparando.

Así las cosas, patronal, banca y gobierno no han tenido problema en presentar como los únicas realmente existentes los mismos mecanismos con los que gestionaron la última crisis y todas las anteriores: recortes y sobre todo endeudamiento. Losa beneficios en cualquier caso, fuera de la fórmula. Algunos sectores van más allá y no esconden su ansia de hacer negocio a costa de la calamidad que sufre y que va a seguir sufriendo una mayoría social que se encuentra entre la espada y la pared: entre el riesgo manifiesto a enfermar y la necesidad de trabajar. Consideramos semejantes actitudes y pretensiones socialmente rastreras y políticamente inaceptables.

Por todo ello, un grupo integrado por personas de diferente procedencia profesional, política e ideológica, pero que comparten el compromiso con el proyecto de construir un país a la medida de las clases obreras y populares que viven y trabajan en Euskal Herria brindamos a los agentes sociales, políticos y sindicales de nuestro pueblo la presente propuesta.

 

LA LIGAZÓN ENTRE SALUD Y TRABAJO

Hego Euskal Herria mantiene enquistada la exclusión por causas económicas. Según el II Informe Foessa para Euskadi (octubre 2019) y Nafarroa, el 15% y el 16% de sus respectivas poblaciones está en exclusión socio-económica. Además, 194.000 en Euskadi y 38000 en Nafarroa la sufren de forma severa (el 8,8% de la población). 90.000 personas en Vascongadas y otras 14000 en Nafarroa son ya “la sociedad expulsada” con exclusión extrema. No en vano, el paro contabilizado no ha logrado bajar del 9%  desde hace 12 años.

El frenazo brusco a la economía por el COVID-19 agrava esta situación, ya que las trabajadoras precarias, muchas sin contrato (servicios, cuidados a las personas; etc.) no solo no se ven protegidos por los pactos de los sindicatos con las grandes empresas, sino que tampoco tienen garantizados, a través de las Mutuas de Trabajo (gestoras de los ERTES) ingresos económicos mínimos para las necesidades más elementales.

Parece que es tabú en estos momentos de pandemia hablar en términos no dicotómicos sobre el derecho a la salud o derecho al trabajo. Parece, de hecho, que solo cabe tratarlos como si fueran mutuamente excluyentes. Sin embargo, la realidad es que millones de trabajadores de todo el mundo, año tras año, reclaman permanentemente el derecho a la salud amenazada seriamente de forma cotidiana en sus trabajos. Y se pelean por ella desde su derecho al trabajo que es el que priorizan porque el 99% de la población solo tenemos para sobrevivir nuestro capital humano o fuerza de trabajo. Que nos lo limiten el 100% de la noche a la mañana, nos protegerá a cortísimo plazo de un evento concreto que ataca a nuestra salud, pero no de todos los riesgos serios de salud que siguen desarrollándose en el confinamiento (la subalimentación, la ansiedad, la depresión, todas las enfermedades psicológicas de rápida aparición ante la amenaza vital de pérdida total de los ingresos económicos).

Por ello aunque sea espinoso hay que reconocer que miles de trabajadores de Euskal Herria está pidiendo el derecho a poder volver al trabajo porque carecen de la más mínima seguridad económica y los están aterrorizando con “la tormenta económica que viene”, con lo que su salud psicológica se está deteriorando por días (insomnio, irritabilidad, asociabilidad, frustración), que puede derivar muy rápidamente en ansiedad y depresión aguda, sin olvidar el alto índice de suicidios que tenemos, la mayoría por causas económicas. A la vez que otros miles de trabajadores se han negado, con razón, a servir a las grandes empresas en medio de esta pandemia sin tener garantizado su derecho a la salud.

Asimismo, la restricción de la actividad económica a los sectores calificados como esenciales como correlato al confinamiento, no solo se topa con los límites objetivos anteriormente señalados (voracidad del capital, necesidad de la clase trabajadora, perentoriedad de la propia sociedad) sino que ha sido erosionada por un goteo continuo de actividad, estratégica sí pero a los intereses de grupos empresariales que han conseguido mantener su actividad y por extensión su beneficio, mientras otros sectores y con ellos sus plantillas se han visto forzados al cierre. En realidad , no la actividad no debería de ser lo estratégico, sino su orientación para el combate a la pandemia. Sin embargo el carácter estratégico de una actividad se ha establecido atendiendo a su valor añadido más que a su función social. la actividad de una misma fábrica de radiadores de coches con capacidad para producir también respiradores debería de haber sido determinada como estratégica cuando se hubiese orientado a la fabricación de respiradores y como no estratégica cuando se hubiese orientado a la fabricación de radiadores.

Es precisamente desde este estado de emergencia, que durará lo que tarde la vuelta a la “normalidad” y que desde el sector público se prevé que dure como mínimo tres meses, y desde esta necesidad de salud-trabajo se enmarca nuestra propuesta.

Como hemos dicho más arriba, nuestro planteamiento nace desde el compromiso social y ético con los sectores laborales más desfavorecidos, entendiendo que la salud por encima de todo, deja fuera de “la salud” a los ya de por sí debilitados por el propio modelo económico dual, y por otro lado la economía por encima de todo entraña riesgos serios de salud si estos no son eficazmente controlados por la propia clase trabajadora.

 

PLAN PAÍS: ENDEUDAMIENTO VERSUS FINANCIACIÓN PROPIA

La otra cara del gasto público, que todo esto va a conllevar, es el origen de los ingresos que hagan frente a dicho gasto.  Este origen solamente tiene dos fuentes: endeudamiento o financiación propia a través de ingresos propios (impuestos). 

Para nuestra propuesta hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos de la realidad:

  • La Deuda Pública es una solución cortoplacista, que pasa la carga financiera de hoy a los años venideros hipotecando las necesidades del mañana. Sirve de argumento para el recorte paulatino de todos los gastos sociales. Como ejemplo del desmonte de lo social, en Euskadi el gasto en todo Vivienda y Urbanismo en 2020 es un 30% inferior, en valores constantes, al de los Presupuestos de 2008. El Gobierno Vasco (no incluye la Administración Foral ni Local) inició la crisis de 2008 con una Deuda Pública Viva de 642 millones €, un 1% del PIB vasco, al cierre de 2019 su Deuda Viva  es de 9.425 millones € el 12,6% del PIB, a lo que se añade que en los Presupuestos de 2020 se autoriza un aumento de la Deuda en 296,64 millones de € añadidos. La Deuda Pública Viva de Nafarroa en 2008 era de  868 millones €, un 4,6% del PIB, al cierre de 2019 su Deuda Viva es de 3.297 millones € el 15,7% del PIB, a lo que se añade que en los Presupuestos de 2020 se autoriza un aumento de la Deuda en 135,66 millones de € añadidos. En 2020 el coste presupuestado de la Deuda será de 929,8 millones €, mucho más que todo el gasto conjunto en Desarrollo Económico e Industrial (222 millones €) Vivienda y Urbanismo (164 millones €) y Acción Social (480 millones €). En Nafarroa el coste será de 242,8 € muy superior también al gasto conjunto en Desarrollo Económico y Empresarial (83,66 millones €) Gestión de Suelo y Vivienda (143,65 millones €) y Atención Primaria e Inclusión Social (31,83 millones €).
  • Los impuestos es la única solución que hace sostenible y duradero el sector Público. Hego Euskal Herria, con un PIB por persona en torno a los 34.000€ en Euskadi y de 31.400€ en Nafarroa, y una presión fiscal muy inferior a la media de la UE tiene mucho margen para utilizar la financiación propia. Si tuviésemos la misma presión media de la UE ( tenemos 7 puntos menos), la recaudación aumentaría el 7% del PIB, o sea,  aumentaría en 5.052 millones € en Euskadi y 1420 millones de € en Nafarroa. Pero no todos los tipos de impuestos deben responder a este aumento, porque mientras el IVA ha pasado del 12% al 21% o el IRPF en el tramo de las rentas más bajas ha pasado del 15% al 23%, el Impuesto de Sociedades (PYMES) ha pasado del 35% al 20% en Euskadi y del 35 al 23 para las Pymes y al 19 para las micropymes en Nafarroa.  Pero una cosa son los tipos de gravamen y otra son los tipos reales después de poner en marcha todo el juego de “vacaciones o bonificaciones fiscales” que se recogen y contabilizan bajo el concepto “Gastos Fiscales” en Euskadi y “Beneficios fiscales” en Nafarroa. Así, la realidad es que de cada 100 euros recaudados en impuestos en Euskadi solamente el 8,47% provienen del Impuesto de Sociedades. en nafarroa es aún más bajo, el 7,46%. En 2020 está presupuestado, en el caso de Euskadi,  (la realidad cambiará estos números) una recaudación total, de 15.414,9 millones € de los que solamente 1.306,9 millones € los aportarán las empresas. En Nafarroa serán 4.101,75 millones € recaudados de los que las empresas aportarán 306,83 millones €, cuando lo cierto es que casi la mitad del PIB de Euskal Herria, o sea de la riqueza generada, la acaparan las empresas. Y si vamos más allá, en pleno confinamiento del COVID-19, las tres Diputaciones Forales y el Gobierno de Nafarroa han convertido sus respectivos territorios en un Paraíso Fiscal de facto para los gestores de fondos de capital-riesgo, en los que se incluyen los conocidos como “fondos Buitre”, reduciéndoles el IRPF en un 50% ( en la práctica pasa de pagar un tipo máximo del 49% a un tipo máximo del 24%). Estos días en las redes sociales y desde el mundo laboral se repite una pregunta y casi una consigna: “ ¿Quién se va a apropiar el beneficio que vamos a generar los trabajadores, con riesgo para nuestra salud y la de nuestras familias, en las grandes empresas que van a abrir la semana próxima? Se debe poner en manos de la colectividad TODO el BENEFICIO EMPRESARIAL, si es que vamos a poner en riesgo nuestra salud para mantener el tejido empresarial en pie”. Es una reflexión, una petición de que no paguemos la cuenta los de siempre, y que las empresas que anteponen el beneficio por encima de todo reviertan ese beneficio a la sociedad en este momento especial. Técnicamente esta petición popular, gravar la plusvalía real de un periodo acotado, necesita casi una auditoría y además los términos habrían de ser ajustados al modelo de cálculo de las bases imponibles fiscales, con lo cual la intervención posible se hace sobre el Impuesto de Sociedades

 

PLAN PAÍS: PROPUESTA DE MEDIDAS ECONÓMICAS EXCEPCIONALES

En base a todo lo anterior, entendemos que cualquier retorno a la actividad económica debe recoger estas medidas excepcionales para este periodo de emergencia, entendido como tal el comprendido hasta el momento que se de por extinguida la pandemia:

  1. Que ninguna persona que se vea imposibilitada de ir a trabajar, bien por ERTE o desempleo, reciba unos ingresos inferiores a la mayor de estas dos cantidades: 1.400 euros mensuales (equivalentes a la mitad del PIB per cápita vasco mensualizado) o del 80% de su salario en activo.
  2. En las empresas “abiertas” al trabajo, además de la aplicación estricta de lo que determinen las Medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (MSHT) adaptadas a la realidad del COVID-19 y que ya se han señalado, los trabajadores que sufran enfermedades crónicas (mayores de 60 años, diabetes, enfermedades respiratorias, cardiacas, etc.) que han demostrado una mayor tasa de morbi-mortalidad en combinación con el COVID-19 podrán solicitar la baja médica por Incapacidad Laboral Transitoria (ILT), mientras esté decretado el riesgo de pandemia. Recibiendo el 100% de su salario, complementado por la empresa.
  3. En las empresas “cerradas” al trabajo, cuya actividad no dependa directamente de público en general, sino de demanda predeterminada, y /o clientes de acceso escalonado y controlado,  y que sus trabajadores de forma unánime deseen reabrir, podrán volver a la actividad, siempre y cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones de MSHT aplicadas a las empresas “abiertas”, reconociendo a cualquiera de sus trabajadores el derecho a la ILT en las mismas condiciones que las señaladas en el punto anterior.
  4. La materialización del punto 1 se hará por las entidades públicas vascas que se estimen más adecuadas, coordinado por LANBIDE destinando a su  financiación 550 y 140 millones € respectivamente en Euskadi y Nafarroa que procederían de dos fuentes concretas:
    1. Eliminar de la liquidación anual del Impuesto de Sociedades que se debe de presentar en junio de 2020 todos los Gastos Fiscales de este impuesto. Según los Presupuestos de 2020 este importe asciende a 450,92 millones de € en Euskadi y a 121,66 millones de € en Nafarroa. La factibilidad de esta propuesta radica en el antecedente de imposición de medidas tributarias excepcionales que realizó Bizkaia para financiar la Lluvias Torrenciales de 1983, y que recayó durante varios años sobre el IRPF.. Y además del hecho que quitando los Gastos Fiscales la recaudación prevista en Presupuestos  del total del IS ascendería a 1.757,8 millones, solamente un 11,4% del total de recaudación de las Haciendas vascas y un 10,44% de la Hacienda Navarra, muy lejos aún de la media de cualquier país de nuestro entorno europeo.
    2. Derogar inmediatamente las Normas Forales y del Gobierno de Nafarroa aprobadas en 2020 que convierten nuestro pais en un verdadero paraíso fiscal,  y destinar todo el importe de la recaudación que esto supondrá (y que no han cuantificado, pero en previsiones mínimas superarán los 100 millones en el caso de la CAV y de 20 millones en el de Nafarroa) para esta financiación especial.

 

MÁS ALLÁ DEL MOMENTO DE EXCEPCIÓN

Esta propuesta es ajustada al aquí y ahora. Sin embargo mientras escribimos estas líneas las noticias de mecanismos de deuda a nivel europeo y también mundial empiezan a correr como la pólvora. Cualquier mecanismo de afrontar la crisis del COVID-19 sin incluir la variable beneficios de gran patronal y banca en la ecuación es una trampa que condena a la ruina al país y que debilita seriamente las posiciones de trabajadoras y populares en el marco de la lucha de clases.

Este aspecto es realmente importante pues, sin medidas de mínimos como las propuestas que deberían ser complementadas en el medio plazo con una verdadera estrategia de ofensiva popular y de clase, lo que sigue es una crisis no provocada por el coronavirus, sino por el propio funcionamiento y lógica del sistema capitalista depredador. El COVID-19, es una accidente en medio de este ciclo económico que lo puede agravar, pero no provocar. 

Ha quedado una vez más de manifiesto que solamente la comunidad, la solidaridad, el bien-común, pueden garantizar la supervivencia. Es el momento de que de una vez por todas situemos la economía al servicio de las personas y a la supervivencia de los pueblos. Para eso no se trata de “parchear” este modelo se trata de adentrarnos unidos y con osadía en un nuevo modelo, porque como ya afirmó Tito Livio cuando la situación es adversa y las esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras.